Leonardo Ogaz Arce
Una vez ratificado el referéndum-consulta popular por el tribunal constitucional, el escenario político del próximo futuro del Ecuador estará copado por la campaña electoral donde se confrontará el Sí gubernamental en contra del No oposicionista.
El referéndum-consulta tiene como eje fundamental el problema del poder en el ámbito de la justicia. Este referéndum contiene 5 preguntas para modificar la constitución y 5 preguntas de consulta general. Su constitucionalidad es bastante discutible, pero no vale extenderse más en esto, puesto que el fallo del tribunal que perfeccionó las preguntas es inapelable.
¿Qué es lo que provocó esta nueva contienda?
Primero un problema real, objetivo, el país está, de alguna manera, tomado por la delincuencia y la justicia se ha mostrado inoperante y corrupta. Además los nuevos mecanismos constitucionales se han demostrado absolutamente lentos e ineficaces para resolver los problemas judiciales. Es aquí donde surge la tentación del poder.
El gobierno decide intervenir en el poder judicial para modificar las condiciones de operación en esta esfera. Esto claramente atenta contra la independencia de los poderes consagrada en la actual Constitución, lo cual constituye un atentado, no menor, al derecho liberal burgués en que se sustenta la misma. Pero en realidad el problema principal no es el de la juricidad en abstracto sino el problema político. La cuestión de fondo radica en que el gobierno quiere más poder para combatir un problema complejo y estructural. Un régimen presidencialista que ya concentra cuotas importantísimas de poder, quiere más poder.
La segunda razón tiene que ver con el tipo de apoyos en que se sustenta el gobierno, que si bien cuenta todavía, de acuerdo con las encuestas, con un amplio respaldo, este sostén es del tipo electoral populista, no se sustenta en una organización popular o en una movilización de sectores con conciencia de sí, lo cual lo pone en una situación de fragilidad constante, para combatir esta debilidad necesita reafirmarse permanentemente en las urnas.
Es evidente que otorgarle más poder a este gobierno, es un peligro enorme, existe el temor fundado que se acentúe las tendencias autoritarias cada vez más pronunciadas que ha ido tomando la acción gubernativa.
A lo anterior es necesario sumar el inocultable giro derechista que ha ido tomando la acción gubernamental, incluso el propio referéndum recoge tesis socialcristianas para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana.
De parte del movimiento indígena existe una clara decisión de jugarse entero por el No en este referéndum-consulta y tienen poderosas razones para ello, existen 200 dirigentes de los pueblos originarios con juicios por terrorismo. Esto fue el resultado de la lucha en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo minero. Esta tendencia a judicializar la protesta social es marcada y rotunda de parte del gobierno.
El gobierno ya ha tenido un costo político importante al convocar a este referéndum- consulta, una parte relativamente importante de sus aliados se ha retirado del movimiento político gobernante, es el caso de Ruptura de los 25, también una diputada, Betty Amores, ha renunciado al bloque parlamentario oficial y un importante dirigente de Alianza País de la provincia de Guayaquil, Gustavo Darquea, siguió el camino de la desafiliación del movimiento oficialista. Junto a esto la mencionada convocatoria logró consolidar el distanciamiento de otros importantes dirigentes que ya se habían retirado antes como es el caso de Alberto Acosta, Manuela Gallegos y Gustavo Larrea entre otros.
A pesar de lo anterior y de acuerdo a las primeras estimaciones el gobierno podría ganar el referéndum-consulta, pero de alguna manera y en alguna forma la Constitución recientemente aprobada quedaría con menor legitimidad, ya que reformar una constitución a poco más de dos años no es una buena señal de la validez de la misma.
Tanto la oposición de derecha como la de izquierda se han pronunciado por el No y están tratando de hacer de este referéndum-consulta no tanto un debate en torno a los problemas específicos planteados, como un pronunciamiento sobre el conjunto de la gestión gubernativa.
Se está a favor del gobierno o se está en contra.
No obstante también existen sectores que buscan generar un amplio debate sobre los derechos, la defensa de la constitución y otros temas que contribuya al desarrollo de una cultura política que logre elevar los niveles existentes. Que es caso del grupo que lidera Alberto Acosta.
Para la izquierda hay una cuestión que es clave, diferenciarse claramente de la vieja derecha oposicionista.
En las preguntas de la consulta propiamente dicha, es decir, no en el referéndum, existen por lo menos dos temas que podrían hacer pensar en una respuesta positiva, una es la pregunta que tiene que ver con el maltrato a los animales por diversión y la otra que dice relación con aplicar sanciones a los patronos que no pagan el seguro social. El responder afirmativamente estas preguntas permitiría diferenciarse de la oposición derechista.
Una victoria del Sí en la pregunta sobre los espectáculos sangrientos donde se tortura animales posibilitaría hacer una ley que sancione la muerte y el maltrato de estos por diversión, esto afectaría sobre todo a las corridas de toros y a las peleas de gallos; en el caso de las corridas de toros también se argumenta que sería una forma de romper con la matriz cultural del colonialismo.
El votar por estas dos preguntas Sí y las ocho restantes No, sería para la izquierda una buena manera de diferenciarse de la oposición derechista desde la defensa de los intereses de los trabajadores por una parte, y por otra parte, en el caso del maltrato animal se fortalecería el respeto a la naturaleza consagrado en la Constitución y sería un respaldo a las movilizaciones de la juventud rockera anti taurina.
Hay quienes alegan que lo del seguro social está en la Constitución, lo cual es cierto, pero un voto Sí, sin duda reforzaría la disposición constitucional, permitiendo además hacer una ley específica que sancione a aquellos patronos que dejan a los trabajadores sin protección social y le niegan una vejez digna.
